Los funcionarios designados de California fallan por miles de millones y conservan sus empleos

Marc Andreessen publicó "The Techno-Optimist Manifesto" en el sitio web a16z.com el 16 de octubre de 2023. La mayoría de la gente recuerda lo que decía sobre la inteligencia artificial, la energía barata y la abundancia. La frase a la que yo sigo volviendo está en la sección titulada "The Enemy", donde describe a la clase de expertos acreditados —no elegidos y sin rendición de cuentas, en sus palabras— como gente que "juega a ser Dios con las vidas de los demás, con total blindaje frente a las consecuencias".

Describía una visión del mundo. California la ha convertido en un organigrama. Las decisiones de gasto y regulación más importantes del estado las toman juntas, comisiones y directores de departamento que ningún votante eligió y ningún votante puede destituir. A continuación se presentan seis casos tomados de los propios auditores, inspectores y expedientes judiciales del estado.

El tren bala. En 2008, los votantes aprobaron un bono de $9,950 millones para el tren de alta velocidad. El folleto electoral les informó que la autoridad estimaba el sistema completo —con servicio hasta Sacramento y San Diego— en aproximadamente $45,000 millones. El Business Plan 2026 de la autoridad sitúa solo la Fase 1, de San Francisco a Los Ángeles y Anaheim, en $126,100 millones, con servicio en 2040. Esa es la versión reducida. Construida tal como se prometió, dice el plan, la Fase 1 costaría $231,300 millones. La autoridad ha gastado $14,600 millones hasta 2025, y ningún pasajero ha viajado en él.

El 31 de julio de 2026, la propia Office of the Inspector General (Oficina del Inspector General) del proyecto informó al gobernador y a los líderes legislativos que la autoridad "ocultó hechos básicos sobre el proyecto" y podría quedarse sin dinero tan pronto como en diciembre de 2027 sin nuevo financiamiento. El 15 de septiembre, la misma oficina sustanció denuncias de que la autoridad pagó viajes de consultores que nunca aprobó con anticipación, incluidos aproximadamente $81,000 que parecían no justificables —entre ellos viajes a gimnasios, un cuarto de escape y una discoteca—, más $543,400 que violaron los términos del contrato. El personal le dijo a los investigadores que frecuentemente autorizaba los pagos porque suponía que el director ejecutivo quería esos viajes.

La respuesta de la junta directiva respecto a su director ejecutivo, Ian Choudri, llegó antes. El 28 de agosto de 2025, la junta votó que él había cumplido sus objetivos del primer año y le otorgó un pago único de $25,000. El informe del inspector general señala que el calendario del tramo Merced-Bakersfield se atrasó nueve meses entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

El fraude en el desempleo. Para octubre de 2021, el Employment Development Department (Departamento de Desarrollo del Empleo) reportó que aproximadamente $20,000 millones en beneficios de desempleo por la pandemia —el 11% de todo lo que pagó— probablemente eran fraudulentos. La State Auditor (Auditora del Estado) determinó en enero de 2021 que el EDD tardó meses en reforzar los controles antifraude y pagó aproximadamente $10,400 millones en reclamos cuya identidad no pudo verificar. La directora anunció su retiro en octubre de 2020, tras casi cuatro décadas al servicio del estado. Su jefa, la secretaria estatal de Trabajo Julie Su, fue confirmada 50-47 por el Senado de Estados Unidos en julio de 2021 como subsecretaria de Trabajo y posteriormente dirigió el departamento como secretaria en funciones.

La falta de vivienda. La State Auditor reportó en abril de 2024 que California destinó casi $24,000 millones para la falta de vivienda y la vivienda en general durante los cinco años fiscales que terminaron en 2022-23, y que el Interagency Council on Homelessness (Consejo Interinstitucional sobre la Falta de Vivienda) "no ha hecho un seguimiento ni una evaluación sistemática" de los resultados. De los cinco programas que revisó la auditora, dos probablemente eran costo-eficientes. La respuesta de la administración fue una reorganización. A partir del 1 de julio de 2026, el consejo forma parte de una nueva California Housing and Homelessness Agency (Agencia de Vivienda y Falta de Vivienda de California).

Su factura de electricidad. Los cinco miembros de la California Public Utilities Commission (Comisión de Servicios Públicos de California) son designados por el gobernador. La propia Public Advocates Office (Oficina de Defensores Públicos) de la comisión reportó en julio que la tarifa residencial promedio de SDG&E alcanzó los 45.5 centavos por kilovatio-hora, un aumento del 117% desde enero de 2014, mientras que los precios al consumidor subieron un 42%. El 18 de diciembre de 2025, la comisión votó 4-1 para permitirle a SDG&E obtener un retorno sobre el capital del 9.93% en 2026. La presidenta Alice Reynolds y los comisionados John Reynolds, Karen Douglas y Matthew Baker formaron la mayoría. La comisionada Darcie Houck votó en contra.

La Coastal Commission. El 10 de octubre de 2024, la comisión designada votó 6-4 para objetar un plan federal que permitiría a SpaceX aumentar los lanzamientos del Falcon 9 en Vandenberg de 36 a 50 al año. Según la demanda de SpaceX, la comisionada Caryl Hart afirmó que el director de la empresa "se ha inmiscuido agresivamente en la campaña presidencial", y otra comisionada criticó a Elon Musk por "tuitear falsedades políticas". En un acuerdo de abril de 2026, la comisión reconoció que las declaraciones de los comisionados "mostraron sesgo político" y fueron inapropiadas, se disculpó y acordó que nunca exigirá un permiso costero para el programa de lanzamiento de SpaceX en sus dos complejos de lanzamiento en Vandenberg. Hart firmó la carta de disculpa como vicepresidenta de la comisión.

Medi-Cal. En marzo de 2025, el Department of Finance (Departamento de Finanzas) transfirió $3,400 millones del Fondo General en un préstamo a Medi-Cal porque los costos superaron el presupuesto. La Legislative Analyst's Office (Oficina del Analista Legislativo) calculó posteriormente que el gasto de Medi-Cal con cargo al Fondo General en 2024-25 superó en $2,600 millones el presupuesto aprobado, y el estado terminó pidiendo prestados $4,400 millones durante dos años y posponiendo el reembolso al futuro. El presupuesto que siguió recortó aproximadamente $4,700 millones de Medi-Cal, incluida una congelación de nuevas inscripciones de cobertura completa para adultos indocumentados. Las estimaciones provinieron de funcionarios designados. Los proveedores y los contribuyentes absorbieron el error.

En ninguno de estos casos pude encontrar un registro público de que alguien responsable haya sido despedido, degradado o sancionado con reducción de sueldo. Una empresa que le dice a sus prestamistas que un proyecto cuesta $45,000 millones y luego afirma que cuesta $126,000 millones recibe una nueva administración o un juez de quiebras. Un funcionario electo que preside una pérdida de $20,000 millones enfrenta una revocación de mandato o un rival en las primarias. Un designado por el gobernador enfrenta una audiencia de confirmación en el Senado una sola vez, si acaso.

Eso deja a quienes sí se someten a los votantes. El gobernador nombra a los miembros de la CPUC, a los directores del EDD y del Department of Health Care Services (Departamento de Servicios de Atención Médica), a los integrantes de la junta directiva de la autoridad ferroviaria y a un tercio de la Coastal Commission, y el Senado estatal confirma a muchos de ellos. California elige un nuevo gobernador y cubre 20 escaños del Senado y los 80 de la Asamblea el 3 de noviembre. Las boletas ya están en el correo. Hágale a cada candidato una sola pregunta: diga cuál es el funcionario que destituiría primero.