Los supervisores evalúan un piloto de $20.4 millones para cubrir brechas en Medi-Cal, un sistema biométrico de $5 millones para el sheriff y obras en la cárcel sin licitación

Los supervisores del Condado de San Diego serán convocados el martes para aprobar un gasto de $20.4 millones, provenientes en su mayoría de las reservas del condado, destinados a un programa piloto de un año que pagaría atención primaria gratuita y orientación sobre beneficios para residentes que se espera pierdan su cobertura de Medi-Cal bajo los nuevos requisitos federales de trabajo. La misma agenda incluye una solicitud de $5 millones de la Oficina del Sheriff para un nuevo sistema de identificación biométrica y una orden de cambio por $10.9 millones, sin licitación competitiva, para obras en la San Diego Central Jail.

Según el informe del personal, $17.6 millones del programa piloto Safety Net Bridge provendrían del uso único de las Unlocked Reserves del condado, reservadas para servicios de red de seguridad social. Otros $2.15 millones provendrían de ingresos administrativos únicos de servicios sociales y $675,000 de fondos del condado ya existentes para horas de personal.

El plan incluye $12.4 millones para que proveedores de atención primaria ofrezcan consultas sin costo y medicamentos el mismo día, $6.6 millones para orientación sobre Medi-Cal y CalFresh, principalmente a través de contratos con organizaciones sin fines de lucro, y $750,000 para ferias de salud. Aproximadamente $25.1 millones permanecerían en la reserva de red de seguridad social.

El personal del condado estima que a partir de marzo de 2027, 68,761 de los 309,939 beneficiarios locales de Medi-Cal sujetos a los nuevos requisitos de trabajo y participación comunitaria establecidos en la ley federal conocida como H.R. 1 podrían perder su cobertura. El personal afirma que el programa piloto mantendría a esos residentes conectados a la atención médica.

Un punto separado flexibilizaría las reglas del County Medical Services, el programa de atención médica para personas sin recursos del condado. Eliminaría los gravámenes sobre propiedades y las verificaciones de crédito. También instruiría al personal a continuar estudiando ampliaciones más significativas, incluida la cobertura para quienes no cumplan los requisitos de trabajo de Medi-Cal y para residentes afectados por las restricciones de Medi-Cal basadas en el estatus migratorio. El personal indica que cualquier ampliación regresaría a la junta para su financiamiento.

La solicitud biométrica figura en la agenda de consentimiento, donde los puntos se aprueban en una sola votación a menos que un supervisor los retire. La sheriff Kelly Martinez solicita a la junta que autorice una licitación competitiva para un Automated Biometric Identification System (sistema automatizado de identificación biométrica). El contrato tendría una duración de cinco años, con cinco opciones de un año y una posible prórroga de seis meses.

El sistema reemplazaría el sistema de identificación de huellas dactilares del condado, en servicio desde diciembre de 2011, al que la carta a la junta califica de obsoleto. El condado administra el enlace regional con Cal-ID, la red de huellas dactilares del Departamento de Justicia del estado, y la utiliza para identificar a las personas ingresadas a la cárcel y para cotejar huellas encontradas en escenas de crímenes.

La junta aprobó en abril de 2025 la búsqueda de un sistema de huellas dactilares de reemplazo. La carta del sheriff señala que el personal luego optó por una plataforma biométrica más amplia porque el estado y otras agencias se están orientando en esa dirección. Estas plataformas pueden comparar huellas dactilares, imágenes faciales o escaneos de iris. La carta indica que el sistema del condado "se limita a huellas dactilares y huellas palmares" y que "no se planea ninguna expansión en este momento". También señala que el sistema "conserva la capacidad de habilitar otras modalidades si las necesidades futuras de política o de operación así lo requieren". La carta no describe una política de privacidad ni especifica si añadir reconocimiento facial requeriría una nueva votación de la junta.

No se ha elegido ningún proveedor. Los $5 millones provendrían del Sheriff Fingerprint ID Trust Fund, que recauda una tarifa de $2 por cada vehículo registrado en el condado, no del fondo general. Los costos continuos de licencias y mantenimiento se estiman en aproximadamente $1.2 millones anuales provenientes del mismo fondo.

Otro punto de consentimiento agregaría un oficial de recursos escolares para las escuelas secundarias de Vista en virtud del contrato de aplicación de la ley de esa ciudad con la Oficina del Sheriff. Los costos del primer año ascienden a $336,945, incluidos $181,595 en salario y beneficios y $94,498 para un vehículo patrulla. Vista cubre esos costos. La ley estatal prohíbe al condado cobrar a las ciudades por gastos generales, por lo que el presupuesto de la Oficina del Sheriff cubriría los costos indirectos del agente. La carta no especifica esa cantidad. El sheriff afirma que el agente se concentraría en la prevención del consumo de cannabis y vaporizadores.

La junta también considerará una donación de ADT Inc., valorada en $41,080, de un software que envía las llamadas de empresas de alarmas directamente al despacho del sheriff.

El punto sobre la Central Jail agregaría $10.86 millones en trabajos de cocina, ventilación, plomería y baños al contrato existente de Balfour Beatty Construction sin licitación competitiva, elevando el total a $39.38 millones. El personal indica que un segundo contratista perturbaría las operaciones de la cárcel y podría poner en riesgo las garantías.

Martinez también solicita a la junta que elimine una condición establecida en marzo que eximía al condado de responsabilidad por sobrecostos bajo un nuevo contrato con United HealthCare Services, conocida como AmeriChoice, para procesar las reclamaciones médicas externas de los reclusos en la cárcel. El sheriff afirma que AmeriChoice no provee atención médica y no aceptaría ese riesgo, y que los retrasos podrían privar al condado de reembolsos estatales que estuvieron disponibles a partir del 1 de octubre.

La junta adoptó el presupuesto del condado de $9.16 mil millones con una votación de 5 a 0 el 25 de junio. El presupuesto de la Oficina del Sheriff aumentó de $1.375 mil millones a $1.435 mil millones, aproximadamente un 4.4%. Los puestos autorizados pasaron de 4,710 a 4,712, con el personal de detención reduciéndose de 2,395 a 2,387. La oficina del Public Defender creció de 547 a 576 puestos.

El mismo día, la junta votó 3 a 2 para incluir en la boleta del 3 de noviembre un impuesto de ventas de medio centavo en todo el condado. Generaría entre $400 millones y $450 millones estimados al año. Los supervisores Terra Lawson-Remer, Monica Montgomery Steppe y Paloma Aguirre votaron a favor. Joel Anderson y Jim Desmond votaron en contra.

El sheriff y el personal del condado, no supervisores individuales, presentaron los puntos mencionados anteriormente. Lawson-Remer, presidenta de la junta, agregó un punto de última hora para cubrir impuestos sobre hasta $20,000 en gastos de mudanza del County Counsel Damon Brown. Aguirre y Anderson copatrocinaron un punto sobre contratos de adquisiciones del condado.