Los supervisores aprueban por 5-0 el programa piloto de $20.4 millones para brechas de Medi-Cal; orden de contrato sin licitación para la cárcel y compra biométrica del sheriff pasan por consentimiento

Los supervisores del Condado de San Diego votaron 5-0 el 27 de octubre para gastar $20.4 millones —$17.6 millones de ellos provenientes de las reservas del condado— en un programa piloto de un año que brindará atención primaria gratuita y ayuda con beneficios a residentes que se espera perderán Medi-Cal bajo los nuevos requisitos federales de trabajo.

La junta también aprobó, sin debate en su agenda de consentimiento, una compra de $5 millones por parte de la Oficina del Sheriff para un sistema de identificación biométrica, y una orden de cambio sin licitación por $10.86 millones para trabajos en la San Diego Central Jail. La agenda de consentimiento pasó 5-0.

El programa piloto Safety Net Bridge destina $12.4 millones para consultas de atención primaria sin costo y recetas el mismo día a través de proveedores contratados; $6.6 millones para orientación sobre Medi-Cal y CalFresh, incluyendo $5.9 millones en contratos con grupos comunitarios, $750,000 para ferias de salud y $675,000 para personal del condado. Además de las reservas, $2.15 millones provienen de ingresos extraordinarios de servicios sociales. El informe del personal indica que aproximadamente $25.1 millones permanecerán en la reserva de seguridad social del condado. La supervisora Monica Montgomery Steppe presentó la moción y la presidenta Terra Lawson-Remer la secundó. El personal deberá presentar un informe de avance a mitad del período y regresar dentro de 12 meses con datos antes de cualquier prórroga.

El personal del condado estima que a partir de marzo de 2027, 68,761 de los 309,939 beneficiarios locales de Medi-Cal sujetos a las nuevas normas federales de trabajo y participación comunitaria podrían perder su cobertura.

Un punto relacionado que reforma County Medical Services, el programa de atención a indigentes del condado, pasó 4-1, con el supervisor Jim Desmond votando en contra. Las reformas eliminan los gravámenes sobre propiedades, las verificaciones de crédito y el requisito de acuerdo de reembolso para los solicitantes. La junta introdujo la ordenanza de gravámenes en primera lectura y la retomará el 17 de noviembre.

El punto biométrico autoriza una licitación competitiva para un Automated Biometric Identification System que reemplazará el sistema de huellas digitales que el condado ha utilizado desde 2011. El contrato puede durar cinco años con cinco opciones de un año adicional. Los $5 millones provienen del Sheriff Fingerprint ID Trust Fund, que recauda una tarifa de $2 por cada vehículo registrado en el condado. La carta del sheriff indicó que el sistema "se limita a huellas digitales y huellas de palma" y que "no se planea ninguna expansión en este momento", pero que la plataforma "conserva la capacidad de habilitar otras modalidades".

La orden de cambio para la Central Jail, también aprobada por consentimiento, exime la política de licitación competitiva del condado y permite que Balfour Beatty Construction agregue hasta $10,858,000 en trabajos de cámaras frías de cocina, lavavajillas, manejadores de aire, plomería y baños a su contrato existente. La junta determinó que licitar los trabajos sería "inútil e impracticable" y no produciría ninguna ventaja pública.

También por consentimiento, la junta añadió un oficial de recursos escolares del sheriff para Vista con un costo de primer año de $336,945, pagado por la ciudad de Vista, y eximió su política que exige la recuperación total de costos en contratos de ingresos.

En cuanto al contrato de reclamaciones médicas de la cárcel con United HealthCare Services, conocida como AmeriChoice, la junta votó 5-0 sobre la moción de Desmond para aprobar el modelo de pagos de transferencia del sheriff. Esto reemplaza una condición que la junta estableció en marzo en el sentido de que el condado no sería responsable de los sobrecostos. El sheriff señaló que AmeriChoice procesa reclamaciones pero no proporciona ni controla la atención, por lo que el condado sigue siendo responsable de las facturas médicas de los reclusos. La moción de Desmond añadió requisitos de informes: un primer informe dentro de 90 días, informes trimestrales a partir de entonces, y notificación por escrito dentro de 30 días si el gasto médico fuera del sitio supera las proyecciones, junto con medidas correctivas.

Un punto de último momento presentado por Lawson-Remer, aprobado por consentimiento, modificó el acuerdo de empleo del asesor jurídico del condado Damon Brown para que el condado pague un reembolso fiscal que le otorgue hasta $20,000 después de impuestos en gastos de reubicación. Una enmienda del 1 de septiembre que cubría hasta $4,800 en impuestos sobre esos gastos fue "insuficiente para reembolsarle completamente", indica la carta de la junta.

Desmond también votó en contra de aceptar una subvención estatal para la aplicación de los derechos laborales por parte de County Counsel, que pasó 4-1.

En una sesión especial el 28 de octubre, la junta votó 3-2 en sesión cerrada para autorizar a County Counsel a presentar una demanda, con los supervisores Joel Anderson y Desmond votando en contra. El condado indicó que los detalles se darán a conocer una vez que el caso sea presentado.