La factura de electricidad de San Diego se redactó en Sacramento, y los propios informes del estado lo confirman

La tarifa residencial promedio de San Diego Gas & Electric para los clientes que compran tanto la energía como el servicio de distribución a la empresa subió a 45.6 centavos por kilovatio-hora en agosto, según el propio aviso tarifario de SDG&E. La Administración de Información Energética de EE.UU. (U.S. Energy Information Administration) sitúa el promedio residencial nacional de enero a agosto de 2026 en 18.19 centavos. Un hogar de San Diego paga aproximadamente dos veces y media el precio nacional por la misma unidad de electricidad.

Las cifras estatales no son mucho mejores. El Electric Power Monthly de la EIA muestra que el precio residencial promedio de California durante los primeros ocho meses de 2026 fue de 32.58 centavos, el segundo más alto del país después de Hawái y un 79 por ciento por encima del promedio nacional. Arizona promedió 15.36 centavos. Nevada promedió 13.36 centavos. Esos estados comparten nuestro sol del desierto y la misma red eléctrica del oeste. No comparten nuestra Legislatura.

En julio, la Public Advocates Office de la California Public Utilities Commission reportó que la tarifa residencial promedio de SDG&E ha aumentado un 117 por ciento desde 2014, mientras que los precios al consumidor subieron un 42 por ciento. El mismo informe contabilizó 253,820 clientes de SDG&E con pagos atrasados, con una deuda promedio de $501 cada uno.

Los propios documentos del estado identifican las causas. El informe de la CPUC sobre el Senate Bill 695, presentado en 2025 al gobernador y a la Legislatura, enumera tres principales factores detrás del aumento de tarifas: los costos relacionados con incendios forestales, los costos del programa de paneles solares en techos y el gasto en infraestructura de distribución. Ninguno de ellos es un precio de mercado. Cada uno es un costo que Sacramento decidió que pagarían los usuarios.

Comencemos con los incendios forestales. La Legislatura aprobó la AB 1054 en julio de 2019, y el gobernador Gavin Newsom la promulgó el 12 de julio, al día siguiente de la votación final en la Asamblea. Esta ley creó un Wildfire Fund (Fondo para Incendios Forestales) de aproximadamente $21 mil millones, la mitad aportada por los accionistas de las empresas de servicios públicos y la otra mitad mediante un cargo adicional en las facturas de los clientes. La CPUC estableció la contribución de los usuarios en $902.4 millones anuales hasta 2035, según el informe anual 2026 del fondo. En 2025, los legisladores volvieron a pedir más. La SB 254, que Newsom firmó el 19 de septiembre de 2025, creó una segunda cuenta de aproximadamente $18 mil millones y extiende el cargo adicional a los usuarios desde 2036 hasta 2045. Los demócratas la redactaron y contaban con las supermayorías que fijaron sus condiciones. Las votaciones finales fueron 69-0 en la Asamblea y 30-2 en el Senado, y 13 republicanos de la Asamblea votaron a favor, lo que yo considero también un error de su parte.

Los costos por incendios forestales representaron $675.7 millones, o el 14 por ciento, del requerimiento de ingresos de SDG&E en enero de 2026, según informó la Public Advocates Office. El informe sobre la SB 695 situó la proporción correspondiente a incendios forestales en una factura típica de SDG&E en $21 al mes a finales de 2024.

El siguiente factor es la energía solar en techos. El informe de la CPUC señala que los programas de medición neta (net-metering) trasladaron aproximadamente $7 mil millones en 2024 a los clientes sin paneles solares, de los cuales $1 mil millones correspondió al territorio de SDG&E. Eso equivale al 12 a 19 por ciento de la factura de un cliente sin paneles solares, dependiendo de la empresa de servicios públicos. La comisión mantuvo vigente el crédito más antiguo y generoso hasta abril de 2023, y el informe indica que esos costos heredados pueden permanecer en las tarifas durante 20 años.

Luego están los mandatos. La SB 100, promulgada por el gobernador Jerry Brown el 10 de septiembre de 2018, exige que el 60 por ciento de la energía provenga de fuentes renovables para 2030 y el 100 por ciento de fuentes sin carbono para 2045. Se aprobó en el Senado con 25 votos a favor y 13 en contra, con todos los demócratas votando a favor y todos los republicanos en contra. Se aprobó en la Asamblea con 44 votos a favor y 33 en contra, con todos los republicanos menos uno votando en contra. La nonpartisan Legislative Analyst's Office (Oficina del Analista Legislativo, sin afiliación partidista) determinó que el mandato de energía renovable del estado elevó las tarifas de las empresas de servicios públicos de propiedad de inversores en casi un 5 por ciento, y que los programas relacionados con el clima financiados mediante cargos de propósito público representaron aproximadamente el 4 por ciento de las tarifas de las grandes empresas de servicios públicos en 2023. La LAO agregó que los californianos destinan "una proporción notablemente mayor de sus tarifas" a ese tipo de programas que el promedio nacional.

El cargo más reciente en la factura es un cobro fijo. La AB 205, un proyecto de ley presupuestario auxiliar de 2022 que Newsom firmó el 30 de junio de 2022, es la ley que SDG&E cita como el mandato legal para un cargo fijo escalonado según los ingresos. Se aprobó en el Senado con 27 votos a favor y 8 en contra, con todos los demócratas presentes votando a favor y todos los republicanos que votaron diciendo no. SDG&E comenzó a cobrar el Base Services Charge (Cargo por Servicios Básicos) en octubre de 2025: aproximadamente $24 al mes para la mayoría de los clientes, $12 para los hogares del programa FERA y $6 para los del programa CARE. Eso equivale a aproximadamente $290 al año antes de que una familia típica encienda una luz. La propia explicación de SDG&E señala que el precio más bajo por kilovatio-hora que lo acompaña "puede o no resultar en una factura total más baja."

La política de suministro apunta en la misma dirección. La Comisión Reguladora Nuclear federal (Nuclear Regulatory Commission) renovó las licencias de Diablo Canyon hasta 2044 y 2045. La oficina del gobernador señala que la planta, que suministró aproximadamente el 10 por ciento de la electricidad de California en 2024, solo podrá operar hasta 2030 bajo la ley estatal a menos que la Legislatura actúe.

Los demócratas responden que los verdaderos culpables son el riesgo de incendios forestales y las ganancias de las empresas de servicios públicos. Las ganancias las fija la CPUC, y el gobernador nombra a sus comisionados. El 18 de diciembre de 2025, la comisión estableció el retorno sobre el capital autorizado de SDG&E en 9.93 por ciento para 2026 mediante la Decisión 25-12-043, con una votación de 4-1. Los cinco comisionados que participaron en esa decisión fueron nombrados por Newsom. Ese retorno se obtiene sobre la base tarifaria, y el informe sobre la SB 695 encontró que la base tarifaria de distribución y transmisión de SDG&E ha crecido aproximadamente un 8 por ciento anual desde 2016, mientras que la energía que entregó disminuyó. La comisión aprobó ese crecimiento. Culpar a las ganancias de las empresas de servicios públicos equivale a culpar a los propios reguladores de Newsom.

La respuesta del estado a todo esto es el California Climate Credit (Crédito Climático de California). Los clientes residenciales de electricidad de SDG&E recibieron $49.36 en agosto y $49.36 en septiembre, $98.72 en el año. Según las propias cifras de SDG&E, el crédito reduce una factura mensual típica de $191 a $183 cuando se distribuye a lo largo de 12 meses. Con una factura de aproximadamente $2,290 al año, el estado devuelve alrededor del 4 por ciento de una tarifa que se ha más que duplicado desde 2014.

Cada uno de los cargos descritos aquí se origina en un estatuto aprobado en Sacramento o en una decisión de una comisión que nombra el gobernador. Los votantes de San Diego tienen su oportunidad de pronunciarse el 3 de noviembre.