La Cámara de Comercio de San Diego encabeza una coalición contra un aumento del 92% en la tarifa municipal de cumplimiento salarial

La San Diego Regional Chamber of Commerce encabeza una coalición de organizaciones empresariales que se opone a un aumento propuesto del 92 por ciento en la tarifa municipal por empleado para el cumplimiento de las leyes salariales, la cual el Budget and Government Efficiency Committee aprobó por unanimidad el 23 de septiembre.

La tarifa, que se aplica a todo empleador con uno o más trabajadores en la ciudad, subiría de $1.47 a $2.82 por empleado cubierto al año. El comité también aprobó dos nuevas tarifas: una Traffic Control Worker Minimum Wage Enforcement Fee (tarifa de cumplimiento del salario mínimo para trabajadores de control de tráfico) de $38.85 por permiso aprobado, y una Compliance System Usage Fee (tarifa de uso del sistema de cumplimiento) con ocho niveles que van de $144.24 a $4,853.24 por contrato cubierto.

En conjunto, las tres medidas generarían aproximadamente $2.18 millones en nuevos ingresos anuales para la Office of Labor Standards and Enforcement, según la presentación del personal. El aumento de la tarifa por sí solo representa aproximadamente $1.5 millones.

La votación del comité, de 4 a 0, envía la propuesta al pleno del City Council para su consideración final. De ser aprobadas, las nuevas tarifas entrarían en vigor el 1 de noviembre de 2026, según una hoja informativa de la ciudad emitida por la oficina de la City Attorney Heather Ferbert.

Justificación de la ciudad

Los funcionarios de la ciudad afirman que las tarifas ampliadas son necesarias para cubrir el costo de hacer cumplir la creciente lista de ordenanzas salariales municipales. En 2016, los votantes aprobaron la Earned Sick Leave and Minimum Wage Ordinance. En 2025, el City Council añadió la Hospitality Minimum Wage Ordinance, que entró en vigor el 1 de julio.

La tarifa propuesta "está diseñada para mantener los servicios existentes y al mismo tiempo proporcionar capacidad adicional para las responsabilidades ampliadas de la ciudad en materia de cumplimiento salarial", señala la hoja informativa. La OLSE gestiona quejas, revisiones de cumplimiento y acciones de cumplimiento correspondientes a ambas leyes.

La Cámara se opone

Sin embargo, la Cámara alega que la ciudad no ha presentado una justificación clara de por qué la tarifa necesita casi duplicarse apenas un año después de su adopción inicial, según una publicación en el sitio web de la Cámara del lunes.

"Los funcionarios no presentaron una justificación clara de por qué era necesario un aumento del 92% apenas un año después de su adopción inicial", afirmó la Cámara. "Dada la falta de justificación y de participación de las partes interesadas, así como el impacto acumulativo del aumento de tarifas y costos regulatorios sobre los empleadores locales, la Cámara y nuestra coalición se opusieron a la propuesta".

En la audiencia del comité del 23 de septiembre, Evan Strawn, de la Cámara, testificó en contra del aumento, citando el salto del 92 por ciento y lo que el grupo calificó como un alcance insuficiente a las empresas afectadas. Kathleen Lippitt también testificó, advirtiendo contra la imposición de cargas adicionales a las pequeñas empresas.

CJ Vallishek, del Center on Policy Initiatives, apoyó las tarifas y le dijo al comité que el robo de salarios afecta al 87 por ciento de los trabajadores, según el registro de la reunión que mantiene OpenPublica.

La tarifa se aplica a todos los empleadores con uno o más empleados dentro de los límites de la ciudad de San Diego, incluidas las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones exentas de impuestos. Los trabajadores autónomos sin empleados están exentos. A la mayoría de las empresas se les cobra la tarifa a través de la renovación anual de su Business Tax Certificate.

La Cámara dijo que continuará dialogando con los miembros del Concejo Municipal y con la oficina de la City Attorney antes de que el asunto llegue al pleno del Concejo.