Impuesto de ventas permanente de medio centavo en el condado va 52% a 48% mientras continúa el conteo

El impuesto sobre las ventas del Condado de San Diego subiría medio centavo sin fecha de vencimiento bajo la Medida B, que mantenía una ventaja de 33,464 votos en la actualización no oficial del 6 de noviembre publicada por el Registrador de Votantes.

La Medida B contaba con 435,487 votos a favor, o el 52.00%, frente a 402,023 votos en contra, o el 48.00%, en la actualización que el registrador publicó a las 5:46 p.m. del viernes 6 de noviembre. El registrador estimó que aproximadamente 390,000 boletas seguían pendientes de conteo en todo el condado y programó su próxima actualización para el 9 de noviembre antes de las 6 p.m. Los resultados son no oficiales y el conteo continúa. El registrador no había certificado la contienda.

La medida necesita una mayoría simple, el 50% más uno, para aprobarse, según la boleta de muestra del condado. Los opositores necesitarían obtener aproximadamente el 54% de los votos restantes sobre la medida para revertir la ventaja, según la proporción de boletas contadas que incluyeron un voto sobre la Medida B.

Los promotores declararon la victoria tras el conteo del 5 de noviembre. "Los grandes cambios no ocurren porque esperemos a que alguien más actúe. Ocurren cuando las personas se unen y están dispuestas a enfrentar luchas difíciles", dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, según NBC 7 San Diego. "Nuestros bomberos, trabajadores de salud y líderes comunitarios dieron un paso al frente, se organizaron y nos pidieron que construyéramos un mejor futuro. Los habitantes de San Diego respondieron a ese llamado."

El impuesto añadiría un 0.5% a la tasa en cada ciudad y en las áreas no incorporadas. Según las tablas fiscales del estado vigentes desde el 1 de octubre, la tasa en la ciudad de San Diego, el área no incorporada del condado y Santee es del 7.75%, la cual pasaría a ser del 8.25%. La tasa del 8.75% de Chula Vista pasaría a ser del 9.25%.

El análisis imparcial del County Counsel estima que el impuesto recaudaría entre $400 millones y $450 millones al año y señala que "permanecería vigente hasta que los votantes lo deroguen."

El texto de la ordenanza establece límites de gasto en cuatro categorías. Hasta el 60%, aproximadamente entre $240 millones y $270 millones al año, iría a atención médica, asistencia nutricional y cuidado infantil. Hasta el 22.5%, aproximadamente entre $90 millones y $101 millones, iría a la crisis de aguas residuales del Río Tijuana. Otro 17.5% financiaría la seguridad pública y la prevención de incendios forestales, con al menos el 8% para los bomberos del condado y el 8% para las fuerzas del orden. La administración tiene un tope del 1.5%.

El impuesto no entraría en vigor de inmediato. La ordenanza fija como fecha de inicio el primer día del primer trimestre calendario que comience más de 110 días después de su adopción, y exige que el condado celebre un contrato con el California Department of Tax and Fee Administration para su recaudación. El San Diego Union-Tribune informó que el recargo llegaría a los registros fiscales el 1 de abril.

Mark Kersey, presidente y director ejecutivo de la San Diego County Taxpayers Association, que firmó el argumento en contra de la medida en la boleta, reiteró sus objeciones mientras la ventaja se mantenía. "Mi preocupación ahora, con esta fuente de financiamiento local disponible, es que Washington la vea y simplemente diga: oye, no necesitamos darle más dinero a San Diego", dijo Kersey en declaraciones que la asociación publicó el 6 de noviembre. "¿Qué hace usted si las prioridades de hoy no son las mismas de aquí a dos, cinco o diez años?"

El argumento en contra de la Medida B en la boleta afirmó que el impuesto incrementaría los impuestos del hogar promedio "en cientos de dólares cada año". El asambleísta Carl DeMaio, presidente de Reform California, lo calificó de "un aumento de impuesto sobre las ventas costoso e injusto" a principios de este año. Newsline no encontró declaraciones postelectorales de DeMaio ni del Supervisor Jim Desmond sobre la Medida B.

La Medida A, la reescritura de la carta orgánica del condado colocada en la boleta por un voto de la junta de 3 a 2, lideraba por un margen casi idéntico: 424,548 votos a favor, o el 52.07%, frente a 390,824 votos en contra, o el 47.93%.

Los cambios a la carta orgánica elevarían el límite de mandato de los supervisores de dos períodos de cuatro años a tres, con un máximo de 12 años, contando el servicio previo hacia ese tope. También permitirían a la junta confirmar y destituir, por un voto de 4 a 1, a los candidatos del oficial administrativo jefe para los puestos principales; crearían una comisión de ética, un analista de presupuesto independiente y un auditor de programas; y exigirían la publicación de los datos de gasto del condado.

Desmond y DeMaio firmaron la réplica en contra de la Medida A en la boleta, en la que calificaron el cambio en el límite de mandatos como una reversión del límite de dos mandatos que el 68% de los votantes del condado aprobó en 2010. La presidenta de la junta, Lawson-Remer, elegida por primera vez en 2020, podría servir hasta 2032 bajo un límite de tres mandatos, según informó el Union-Tribune.