Gran Jurado: San Diego Fire-Rescue no cumple con las inspecciones de seguridad requeridas en miles de edificios; el sindicato bloquea la contratación de inspectores civiles

Un informe del Gran Jurado del Condado de San Diego publicado el viernes concluye que el San Diego Fire-Rescue Department no ha cumplido durante años con las inspecciones anuales de seguridad contra incendios exigidas por el estado, completando apenas el 58 por ciento de las inspecciones requeridas en el año fiscal 2026, en medio de un contrato sindical que prohíbe a la ciudad contratar inspectores civiles de incendios.

El informe, titulado "Playing with Fire: The High Stakes of Low Inspection Completion", examinó la División de Reducción de Riesgo Comunitario del SDFD e identificó obstáculos para alcanzar el pleno cumplimiento del Senate Bill 1205, la ley estatal de 2018 promulgada tras el incendio del Ghost Ship en Oakland, que cobró la vida de 36 personas.

El SB 1205 exige que todos los departamentos de bomberos municipales y del condado realicen inspecciones anuales de seguridad contra incendios en todas las escuelas públicas y privadas, hoteles, moteles y edificios multifamiliares con tres o más unidades. Las agencias de bomberos pueden cobrar tarifas para recuperar los costos de inspección y deben reportar el cumplimiento a una autoridad supervisora, como un concejo municipal.

Tres años de declive

Según el borrador del presupuesto municipal para el año fiscal 2027, el SDFD completó el 58 por ciento de las inspecciones requeridas por el SB 1205 en el año fiscal 2026, cifra que contrasta con el 50 por ciento del año fiscal 2025 y el 42 por ciento del año fiscal 2024, según determinó el Gran Jurado.

En el año fiscal 2025, el SDFD completó el 75 por ciento de las inspecciones de seguridad contra incendios requeridas en escuelas y apenas el 47 por ciento de las requeridas en hoteles, moteles y edificios multifamiliares, según informó el departamento al Gran Jurado. Ese año quedaron sin inspeccionar más de 4,300 propiedades residenciales y aproximadamente 100 escuelas.

Otras 700 propiedades que la ciudad está legalmente obligada a inspeccionar no aparecen en absoluto en la base de datos de inspecciones del departamento —la mayoría de ellas edificios multifamiliares— debido a que dicha base de datos está desactualizada, según reconoció el departamento ante el Gran Jurado.

Una auditoría de 2010 aún sin atender

El Gran Jurado señaló que una auditoría de desempeño municipal realizada en 2010 llegó a muchas de las mismas conclusiones. Esa auditoría encontró que el SDFD no estaba completando todas las inspecciones requeridas en instalaciones de materiales peligrosos y rascacielos, y que sus sistemas de datos para el seguimiento de inspecciones eran "obsoletos, imprecisos e incompletos".

"La falta de inspecciones oportunas y de sistemas y prácticas de datos confiables incrementa el riesgo de incendio que resulte en pérdidas materiales o, peor aún, en pérdidas de vidas humanas", señaló la auditoría de 2010.

Dieciséis años después, el departamento no ha implementado plenamente las recomendaciones de esa auditoría, afirmó el Gran Jurado. Algunos funcionarios veteranos del departamento desconocían que la auditoría de 2010 existía.

"Nos sorprendió que se hubiera avanzado tan poco a partir del informe de auditoría anterior de 2010, y también nos sorprendió que el departamento de bomberos no haya encontrado formas más creativas de cubrir el personal", dijo el miembro del Gran Jurado Barry Levine en una entrevista.

El contrato sindical bloquea a los civiles

El SDFD ha atribuido el rezago en las inspecciones a una escasez crónica de personal. Sin embargo, el Gran Jurado identificó otro obstáculo: el memorando de entendimiento del sindicato de bomberos con la ciudad exige que todos los inspectores de incendios sean bomberos jurados, lo que prohíbe la contratación de inspectores civiles, cuyo salario es menor.

Los líderes del departamento dijeron al Gran Jurado que apoyarían modificar ese lenguaje contractual. El sindicato no respondió a las preguntas del Gran Jurado al respecto.

El Gran Jurado también señaló que gran parte del tiempo de los inspectores se consume en trabajo administrativo —localizar a los propietarios, programar las inspecciones y trazar rutas— en lugar de realizar las inspecciones propiamente dichas. Recomendó contratar asistentes administrativos de menor costo para encargarse de esas tareas.

El informe elogió a otras agencias locales de bomberos, entre ellas Heartland, Chula Vista y Oceanside, por producir informes anuales detallados con datos sobre el cumplimiento de las inspecciones, y recomendó que el SDFD publique un informe anual similar antes de cada ciclo presupuestario.

Lo que sigue

El Gran Jurado formuló varias recomendaciones: el SDFD y el City Council deben establecer un cronograma realista para alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento del SB 1205; el departamento debe publicar un informe anual de cumplimiento desglosado por categoría de ocupación; los distritos escolares que atienden a la ciudad deben revisar los informes de inspección de seguridad contra incendios anualmente antes del 30 de enero de 2027; y el departamento debe trabajar con el tasador del condado y el tesorero municipal para garantizar que la base de datos del inventario de inspecciones sea precisa.

El City Council, el alcalde Todd Gloria, el Board of Supervisors del condado y el tasador del condado están obligados a responder a las recomendaciones del Gran Jurado en un plazo de 90 días. El Public Safety Committee del San Diego City Council tiene programado considerar la respuesta propuesta en su reunión del miércoles 14 de octubre.

Un portavoz del departamento de bomberos se negó a comentar el informe del Gran Jurado el lunes.

El Independent Budget Analyst ya se ha pronunciado al respecto, coincidiendo con el Gran Jurado en cuatro puntos: que la falta de datos de cumplimiento publicados reduce la conciencia pública y el respaldo al departamento de bomberos; que los inspectores civiles podrían ayudar a aliviar la escasez de personal; que se necesitan horas extra y procedimientos de programación revisados; y que los bomberos no deberían estar realizando tareas logísticas de programación y facturación.

El informe del Gran Jurado, publicado oficialmente el viernes, está disponible en el sitio web del San Diego County Grand Jury.