Votantes del condado aprueban por estrecho margen el aumento del impuesto sobre las ventas de medio centavo y la reescritura de la carta orgánica que amplía los poderes de los supervisores

Los votantes del Condado de San Diego aprobaron por estrecho margen un aumento del impuesto sobre las ventas de medio centavo y una reescritura integral de la carta orgánica del condado, otorgando a la Junta de Supervisores controlada por los demócratas cientos de millones en nuevos ingresos anuales y límites de mandato extendidos.

La Medida A, la reescritura de la carta orgánica, encabezaba el recuento con el 52.1% de los votos hasta el lunes. La Medida B, el recargo del impuesto sobre las ventas de medio centavo, obtenía el 52.0%. Aproximadamente 390,000 boletas —el 31% del total de votos— aún están pendientes de conteo, pero los partidarios declararon la victoria a finales de la semana pasada a medida que los márgenes se ampliaban.

Ambas medidas requerían únicamente una mayoría simple para ser aprobadas.

Se espera que la Medida B recaude entre $400 millones y $450 millones por año. El nuevo recargo entra en vigor el 1 de abril y elevará la tasa del impuesto sobre las ventas en todo el condado en todas las compras no esenciales.

A dónde va el dinero

La asignación individual más grande —hasta $171 millones anuales— va dirigida a programas de servicios sociales, incluidos Medi-Cal y CalFresh. Más de $100 millones por año están destinados a la crisis de aguas residuales del Río Tijuana, con el condado comprometiéndose a emitir hasta $1,000 millones en bonos respaldados por los nuevos ingresos para construir una planta de tratamiento.

Fondos adicionales están dirigidos al cuidado infantil, la prevención de incendios forestales, la respuesta a emergencias y la seguridad pública.

La medida exige un comité ciudadano de supervisión de 11 miembros, pero dicho panel no tendrá poder formal de toma de decisiones sobre cómo se gasta el dinero. Se encargará de publicar auditorías fiscales y de cumplimiento.

Los supervisores obtienen un límite de tres mandatos y nuevas facultades

La Medida A reescribe la carta orgánica del condado para permitir que los supervisores sirvan tres mandatos en lugar del límite actual de dos. Eso significa que la presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, elegida por primera vez en 2020 y quien tendría que dejar el cargo en 2028 por límite de mandatos, podría ahora servir hasta 2032.

Lawson-Remer, quien redactó la reescritura de la carta orgánica y respaldó la medida fiscal, calificó los resultados como "un respaldo contundente al hecho de que el gobierno puede marcar la diferencia".

La reescritura de la carta orgánica también crea una comisión de ética y nuevas oficinas para la elaboración de presupuestos y la auditoría de programas bajo el control de los supervisores, y amplía el número de cargos del condado que los supervisores pueden confirmar o remover.

La medida del impuesto sobre las ventas fue puesta en la boleta por una coalición de sindicatos laborales, defensores de la atención médica y líderes de organizaciones sin fines de lucro, mientras que la Junta de Supervisores colocó la Medida A en la boleta.

Ambas medidas enfrentaron la oposición de grupos de contribuyentes, incluida la San Diego County Taxpayers Association, que argumentó que el impuesto de medio centavo carecía de una cláusula de vencimiento, no tenía metas de desempeño y reduciría la presión sobre el gobierno federal para abordar la contaminación del Río Tijuana en su origen.