La ciudad amenaza con rescindir el contrato de la Gaslamp Quarter Association por un letrero ilegal de Comic-Con

La Ciudad de San Diego amenaza con rescindir su contrato de gestión con la Gaslamp Quarter Association tras alegar que la organización sin fines de lucro pudo haber aprobado ilegalmente y aceptado pago por un anuncio publicitario de Marvel Studios instalado sin permiso en el Gaslamp Archway Marquee, una estructura de propiedad municipal, durante Comic-Con en julio.

En una carta del 24 de septiembre dirigida al director ejecutivo de la GQA, Michael Trimble, el director jefe de Vivienda y Desarrollo Comunitario, Casey Smith, detalló tres presuntos incumplimientos del Business Improvement District Management Agreement (Acuerdo de Gestión del Distrito de Mejora Comercial) y solicitó una respuesta formal por escrito.

El punto en disputa es un display de "Avengers: Doomsday" que fue instalado en el arco que cruza la Quinta Avenida cerca de la calle L durante seis días —del 21 al 26 de julio— sin un permiso municipal. La ciudad multó a Elevue Inc., la empresa contratista de publicidad, con $160,000 después de que se negara a retirar el letrero a pesar de lo que la ciudad describió como advertencias previas y durante la instalación.

"La Ciudad le comunicó esto directamente a usted desde el 7 de julio de 2026", escribió Smith a Trimble, añadiendo que la instalación no solo carecía de permiso, sino que era "imposible de permisar" según el Código Municipal.

La carta de Smith presenta tres acusaciones: que la GQA pudo haberse presentado a sí misma como si tuviera autoridad unilateral para autorizar el letrero, que recibió un pago de $10,000 a cambio de otorgar dicha autorización, y que pudo haber tergiversado su facultad para aprobar la instalación.

Entre las pruebas que cita la ciudad figura un estado de cuenta bancario del 30 de junio que muestra un pago de $10,000 de Big Outdoor —una empresa contratista involucrada en la instalación— y las actas de una reunión de la junta directiva de la GQA de principios de junio en las que se instruía a Trimble a "finalizar el contrato con Big Outdoor para la activación de Comic-Con".

La carta de Smith señala que Trimble reconoció la falta de autoridad de la GQA en un correo electrónico del 22 de julio. La ciudad también incluyó un correo interno de la directora de Desarrollo Económico, Christina Bibler, quien escribió el 22 de julio: "El contratista culpó a la asociación de haber afirmado que tenía autoridad. Es un desastre".

Si las acusaciones se comprueban, Smith indicó que la ciudad tendría motivos para rescindir el BID Management Agreement —que rige la operación de la GQA en el distrito de mejora comercial de 16.5 cuadras— con efecto inmediato.

Trimble tiene hasta el 9 de octubre para responder formalmente. En una declaración a Voice of San Diego, refutó las acusaciones.

"La GQA rechaza categóricamente las alegaciones contenidas en la carta de la Ciudad y considera que dicha carta incluye inexactitudes factuales y tergiversaciones significativas", dijo Trimble.

Añadió que Big Outdoor, y no la GQA, era la responsable de obtener los permisos. "Nuestro acuerdo establecía expresamente que Big Outdoor era responsable de obtener todos los permisos y aprobaciones gubernamentales y municipales requeridos", dijo Trimble. "El acuerdo comercial de la GQA con Big no era, ni yo lo presenté en ningún momento como, un sustituto de la autorización de la Ciudad".

El arco de propiedad municipal —una estructura de seis toneladas inaugurada en 1991 a un costo de $150,000— es mantenida en el día a día por la GQA. La asociación ha administrado el Gaslamp Quarter Business Improvement District desde 1982, operando bajo acuerdos de gestión anuales con la ciudad regidos por la Council Policy 900-07.

La disputa contractual sigue a meses de tensión entre el Ayuntamiento y la Gaslamp Quarter Association. En enero, la ciudad suspendió el financiamiento para la gestión diaria de los bolardos a lo largo de la Quinta Avenida, lo que frenó el proyecto del corredor peatonal Gaslamp Promenade, valuado en varios millones de dólares. Una auditoría municipal de septiembre de 2025 también había motivado restricciones sobre el manejo de fondos públicos por parte de los líderes de los distritos de mejora comercial.

La multa de $160,000 de este año superó con creces sanciones anteriores. Una enmienda al código municipal que entró en vigor el 15 de julio —seis días antes de la primera citación— elevó la multa administrativa diaria máxima por instalaciones temporales sin permiso de $1,000 a $10,000, lo que permitió el escalamiento de las sanciones.