Propuesta de la ciudad permitiría al alcalde aprobar contratos de derechos de nombre de hasta $3 millones sin votación del Concejo Municipal

Una propuesta para simplificar el proceso de derechos de nombre en San Diego reduciría considerablemente la supervisión del Concejo Municipal sobre los acuerdos para poner nombres privados en activos públicos, elevando el umbral para la aprobación del concejo de $250,000 a $3 millones y eliminando el visto bueno de los jefes de departamento de la ciudad y de las juntas asesoras de voluntarios.

El Economic Development Committee (Comité de Desarrollo Económico) votó 3-0 la semana pasada para remitir los cambios al pleno del concejo para una votación el próximo mes. Los concejales Raul Campillo, Kent Lee y Henry Foster apoyaron la propuesta, según el San Diego Union-Tribune.

Christina Bibler, directora de desarrollo económico de la ciudad, le dijo al comité que el proceso actual de San Diego es tan burocrático que la ciudad rechaza la mayoría de las ofertas de nombres.

"Es la incapacidad de la ciudad para actuar con rapidez", dijo Bibler. "Incluso en nuestros trámites más expeditos, todavía toma más de seis meses".

Citó varias oportunidades perdidas: la ciudad no pudo responder con suficiente rapidez a una oferta de George Foreman Grills para reemplazar todas las parrillas públicas sin costo para los contribuyentes, tardó más de cinco años en concretar un acuerdo para instalar quioscos de orientación con publicidad en el centro de la ciudad, y recaudó apenas $4,000 por los derechos de nombre de los nuevos Ingraham Street Bridges en Mission Bay Park.

Con los cambios propuestos, la ciudad también podría comenzar a solicitar ofertas de nombres en lugar de solo reaccionar ante ellas, y podría nombrar activos en honor a organizaciones, no solo a personas.

El concejal cuyo distrito incluye el activo en cuestión tendría 30 días para recopilar comentarios de la comunidad y podría solicitar una postergación.

Campillo, presidente del comité, expresó preocupación por la reducción del papel del concejo, señalando que el acuerdo de los Ingraham Street Bridges probablemente no se habría concretado si no hubiera evitado la revisión del concejo al quedar por debajo del umbral de $250,000.

"Eso parece sorprendentemente bajo", dijo Campillo sobre el acuerdo de $4,000.

Pero también respaldó la necesidad de un cambio. "Recibimos ofertas interesantes que tenemos que ralentizar cuando podríamos estar ayudando a nuestros electores al establecer alianzas", dijo Campillo. "Esto nos da una manera de apoyar los servicios y espacios públicos sin aumentar los impuestos".

La Race and Equity Division (División de Raza y Equidad) de la ciudad, que ahora forma parte de la Oficina del Analista de Presupuesto Independiente, planteó preocupaciones sobre la reducción de la supervisión, señalando casos anteriores en que se cambió el nombre de lugares emblemáticos públicos después de que sus homónimos fueron vinculados a discriminación u otras acciones perjudiciales.

Si el pleno del concejo lo aprueba, la nueva política podría entrar en vigor tan pronto como en enero.